La justicia obstaculiza el plan de deportación de Donald Trump

Desde el comienzo de la segunda administración de Donald Trump, los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por llevar a cabo el plan de deportación de los migrantes en situación irregular en el país han tomado una dimensión excepcional. En lo que muchos han categorizado como una campaña masiva de deportaciones, las instituciones de orden público han tomado medidas cuanto menos contundentes para reprimir la permanencia de lo que catalogan como “extranjeros ilegales” en territorio estadounidense.

El plan de deportación de Donald Trump

El Departamento de Justicia, con Pam Bondi, la nueva fiscal general del país, a la cabeza, ha amenazado con arremeter judicialmente contra las ciudades santuario, municipios que limitan la cooperación con fuerzas federales a la hora de ejecutar la política migratoria. Asimismo, ha prometido, en un intento hasta el momento bloqueado por los tribunales, poner fin a la financiación federal de dichas localidades en caso de que se nieguen a colaborar.

El Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado una campaña de publicidad a nivel nacional dirigida a los migrantes en situación irregular, instándoles