Marine Le Pen y Jordan Bardella, líderes de Reagrupamiento Nacional, participan en una marcha contra el antisemitismo en París. Fuente: redes sociales de RN A Marine Le Pen se le complican las cosas. La semana pasada tuvo que comparecer ante el Tribunal de París como investigada por un caso de desvío de fondos que no solo la afecta a ella, sino a varios dirigentes de su partido.
La expresidenta de Reagrupamiento Nacional (RN) y candidata a representar la formación de extrema derecha en las elecciones presidenciales de 2027 –como lleva haciendo desde 2012– está acusada de complicidad en el desvío de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (FN) –antiguo RN– en el Parlamento Europeo.
La fiscalía francesa considera que Le Pen estaba “al centro” de un “sistema organizado” de desvío de fondos públicos, razón por la cual le pide cinco años de prisión –tres de ellos en libertad–, 300.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación, a ejecutarse provisionalmente si es condenada –aún la sentencia no es firme–. Y, ante esta petición, en la cadena de televisión TF1, la líder de RN calificó la actitud de la fiscalía de reclamar su muerte política
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