El caso Abrego García o cómo Estados Unidos se niega a subsanar una deportación ilegal

Donald Trump posando con una imagen alterada digitalmente que presentó como prueba fotográfica de la supuesta pertenencia de Kilmar Abrego García a MS-13. Fuente: la Casa Blanca

La campaña de deportaciones de la administración de Donald Trump no ha estado ni mucho menos exenta de polémica. Sin embargo, un nombre propio destaca por encima del resto en términos de notoriedad: Kilmar Abrego García. El ciudadano de El Salvador, un treintañero que residía en Maryland junto a su mujer y sus hijos, fue deportado de manera ilegal a una prisión en su país de origen el 15 de marzo de 2025. La operación formaba parte de un opaco acuerdo entre Estados Unidos y el presidente Nayib Bukele, según el cual El Salvador aceptó recibir a un número indeterminado de deportados desde territorio estadounidense.

El caso de Abrego García hizo saltar las alarmas desde un primer momento dada una característica personal que el gobierno estadounidense admitió en un principio haber pasado por alto: según una decisión judicial de 2019, deportar a Kilmar Abrego García a El Salvador estaba legalmente prohibido. Las resoluciones derivadas de esta ilegalidad, y más aún la actitud de la Casa Blanca ante ellas, podrían acarrear consecuencias de gran calado.

Tanto en términos del precedente legal sentado por este caso como en lo que respecta a la creciente falta de confianza institucional entre el poder ejecutivo y el poder judicial, el caso de Abrego García promete ser un punto crucial en la configuración del Estado de derecho estadounidense.

Las bases del caso Abrego García

Kilmar Abrego García entró a Estados Unidos de manera ilegal cuando tenía alrededor de 16 años, huyendo de amenazas y extorsión hacia su persona por parte de la banda criminal Barrio 18. En 2019, el departamento de policía del condado de Prince George, en Maryland, le arrestó junto con otros tres hombres por holgazanear en el aparcamiento de un establecimiento de Home Depot. El arresto dio lugar a un proceso judicial que culminó con la emisión, por parte de un juez de inmigración, de una orden que prohibía su expulsión a El Salvador.

El juez concluyó que Abrego García había probado con suficiencia que su vuelta a su país natal conllevaría una amenaza para su seguridad. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas Estadounidense (ICE) no apeló la decisión. Como resultado de la orden judicial, el Departamento de Seguridad Nacional expidió a Abrego García un permiso de trabajo en Estados Unidos. El nacional salvadoreño realizó, asimismo, una petición de asilo, la cual fue denegada al haber sido efectuada pasado el plazo máximo de un año desde su entrada a Estados Unidos.

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Un abogado del Departamento de Justicia declararía más tarde ante un juez que la deportación en 2025 de Abrego García había sido un “error administrativo”. No obstante, un mes más tarde, dicho abogado fue despedido permanentemente, alegando un intento de sabotaje del caso. Desde entonces, la administración Trump ha negado públicamente por activa y por pasiva haber actuado de manera contraria a la ley al deportar a Kilmar, usando para ello diversos argumentos de corte legalista ante la prensa. Todos ellos, sin embargo, encuentran fácil refutación en la realidad legal del caso.

En primer lugar, la administración afirma que Abrego García es un miembro de MS-13, la banda criminal con origen en Los Ángeles que el presidente designó en febrero como organización terrorista extranjera. Para ello, se apoya principalmente en informes policiales utilizados durante el proceso judicial que, en 2019, concluyó con la prohibición de deportarle a El Salvador. Dichos informes señalaban que los tatuajes de Kilmar coincidían con símbolos habitualmente empleados por la pandilla.

Ni que decir tiene que los informes no constituyen una base legal para deportar ilegalmente a un individuo con una orden judicial que impide su deportación. En la reunión de Nayib Bukele con Donald Trump en el Despacho Oval, no obstante, Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos y por tanto actual líder del Departamento de Justicia, fue un paso más allá. Ante los miembros de la prensa allí presentes, declaró que Abrego García había sido declarado miembro de MS-13 por dos tribunales diferentes: una corte federal y una corte de apelación.

El senador Chris Van Hollen se reúne con Abrego García en El Salvador. Fuente: Van Hollen

Esta afirmación no solo es evidentemente inverosímil –pues de ser así el caso, sería cuanto menos sorprendente que Abrego García hubiese estado trabajando legalmente en Estados Unidos durante más de cinco años con el respaldo de una orden judicial–, sino que es además un intento motivado de malinterpretar los hechos judiciales. Tras el análisis del historial legal de Kilmar, resulta que las declaraciones judiciales a las que se refería Pam Bondi son en realidad audiencias informales de aprobación o denegación de la libertad bajo fianza de Abrego García tras su arresto en 2019.

Esto implica que la decisión de dichos jueces tan solo significaba que la naturaleza de las pruebas presentadas por el departamento de policía acerca de la posible membresía de MS-13 de Abrego García eran suficientes como para denegarle la libertad bajo fianza durante el tiempo que durase el proceso judicial. En casos de inmigración, el estándar de las pruebas para denegar la fianza es especialmente bajo, para no correr riesgo alguno al rechazar la custodia temporal.

El tribunal de apelación que confirmó la negación de la libertad bajo fianza determinó tan solo que las pruebas en contra de Abrego García “no eran claramente erróneas”. Esta determinación no es a ojos de la ley una decisión de peso con respecto a si Abrego García es o no miembro de una banda criminal. Mucho menos puede utilizarse como justificación para su deportación, especialmente considerando que el proceso judicial en el que permaneció bajo custodia federal culminó con una orden expresa que prohibía su expulsión a El Salvador.

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En segundo lugar, miembros de la administración Trump han declarado en numerosas ocasiones que Abrego García era objeto de una orden de deportación por parte de un juez federal. Esta afirmación, de nuevo, es un claro intento de distorsionar los hechos.

El proceso de emisión de una orden de prohibición de deportación funciona de la siguiente manera: el juez primero emite una orden de deportación e inmediatamente después emite la orden de prohibición que impide a las autoridades llevar a cabo dicha operación. Por lo tanto, aunque es cierto que Abrego García es objeto de una orden de deportación, esta no anula la prohibición, sino que es parte necesaria de la misma.

Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, declaró que, al tratarse de un inmigrante en situación irregular, el futuro de Abrego García siempre iba a estar fuera de Estados Unidos, apuntando a la supuesta inutilidad de su permanencia en el país.

Aunque la administración podría haber iniciado un procedimiento para deportarlo a un tercer país dispuesto a acogerlo, esa no era una opción válida en el caso de El Salvador, país al que fue efectivamente deportado. Por tanto, la ilegalidad de la actuación del gobierno resulta evidente e incompatible con cualquier escenario hipotético de permanencia legal de Abrego García en Estados Unidos.

La decisión del Supremo y las consecuencias legales

La deportación de Abrego García fue debidamente desafiada ante las cortes estadounidenses. Paula Xinis, jueza de la corte de distrito de Maryland asignada al caso, determinó que el gobierno tenía la obligación de “efectuar y facilitar” la vuelta de Abrego García a Estados Unidos. El gobierno apeló sin éxito a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito y, tras recibir la respuesta negativa, realizó una apelación de emergencia ante el Tribunal Supremo.

En su decisión, el Supremo reconoció la ilegalidad de la deportación y determinó que Xinis requería debidamente al gobierno que “facilitase” su vuelta a Estados Unidos. Sin embargo, el Supremo no avalaba de la misma forma la obligación de “efectuar” su retorno, tildándola de falta de claridad y declarando que era posible que dicha obligación sobrepasase las competencias de la corte. Al encontrarse Abrego García ya en El Salvador, una orden de efectuar su retorno podría influir indebidamente en el desarrollo de la política exterior de Estados Unidos. Tras la publicación del Supremo, el gobierno cantó victoria.

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La administración Trump ha empleado desde entonces una interpretación minimalista del significado del término “facilitar”. Pam Bondi lo definió como la necesidad de “suministrar un avión en caso de que El Salvador decida mandar a Abrego García de vuelta”. En su comparecencia en la Casa Blanca, Nayib Bukele descartó la posibilidad de devolver a Estados Unidos al ciudadano salvadoreño, declarando que no iba a “mandar ilegalmente a un terrorista”.

Esta interpretación de la decisión del Supremo, la cual equivale según la administración a una completa falta de obligaciones por su parte con respecto a Abrego García, ha vuelto a ponerle rumbo a la colisión con el poder judicial. Xinis y el gobierno se encuentran actualmente en pleno curso de una moción de descubrimiento acelerado, según la cual el ejecutivo tenía plazo hasta los primeros días de mayo para entregar al tribunal la documentación relativa a sus esfuerzos por facilitar el regreso de Abrego García.

El ministro salvadoreño de Justicia, Gustavo Villatoro, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, observan a los reclusos dentro de una celda en el CECOT. Fuente: Departamento de Seguridad Nacional.

El gobierno intentó apelar de nuevo esta moción, pero la Corte de Apelaciones volvió a fallar en su contra, alegando en un contundente escrito que “facilitar” no es en ningún caso sinónimo de mantenerse completamente inactivo. La pelea judicial parece por ahora no tener final y es probable que conlleve otra investigación a la administración por desacato, como ya ocurrió con el caso de la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros.

En este contexto, el 7 de mayo, Xinis declaró que la administración Trump había invocado el privilegio de secretos de Estado para eludir la moción de descubrimiento, invocación cuya validez está siendo disputada actualmente en el transcurso del proceso judicial.

Las consecuencias directas de esta pelea judicial se expresan perfectamente en las palabras de Sonia Sotomayor, la jueza del Tribunal Supremo: “El argumento del gobierno implica que podría deportar y encarcelar a cualquier persona, incluyendo a un ciudadano estadounidense, sin consecuencia legal alguna mientras lo haga antes de que una corte pueda intervenir”. Aunque el Tribunal Supremo exige al gobierno que gestione el caso como si no se hubiera producido la deportación errónea de Abrego García, no le obliga a repatriarlo de inmediato a Estados Unidos, convirtiendo esa exigencia en poco más que un recurso retórico.

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Cuando la administración Trump se pregunta por qué la prensa está tan preocupada por un inmigrante en situación irregular, no parece tener en cuenta que este caso no es sobre Abrego García. Puede que Kilmar sea, de hecho, un miembro de MS-13, e incluso que sea una persona horrible, como insinúan desde la administración al aludir a una denuncia por maltrato a su esposa que fue posteriormente retirada.

Sin embargo, el problema es que no hay nada en su caso que permita ni legalice su deportación a El Salvador, siendo esta una característica que Abrego García sí comparte con la totalidad de los ciudadanos estadounidenses. Cuando la administración Trump se niega a tomar paso alguno en favor de su retorno, está indicando que podría hacer lo mismo con cualquier ciudadano estadounidense al que le conviniese deportar ilegalmente. En su reunión con Bukele, Trump le comentó al presidente salvadoreño que “los siguientes serán los locales”. A día de hoy, esa promesa puede no ser tan inverosímil como parece.